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venezuelaFoto: DANIEL HERNÁNDEZ

Podría parecer que el alzamiento militar el pasado 30 de abril no cambió nada en Venezuela, pero revelaron dos aspectos que podrían ser decisivos: la existencia de una grieta en las fuerzas armadas y las dimensiones de la complejidad de la crisis venezolana y de su posible solución.

El abogado egresado de la Universidad Central de Venezuela (UCV), José Ignacio Hernández, manifestó este miércoles, en un artículo publicado en el diario  The New York Times, que la propuesta de una “salida exclusivamente electoral a la crisis venezolana” era algo ingenuo.

“Con frecuencia no se especifica cómo asegurar esa deseada elección sin correr el riesgo de un proceso fraudulento, como sucedió el 20 de mayo, cuando Nicolás Maduro se reeligió como presidente sin observadores electorales internacionales ni credibilidad nacional o extranjera”, publicó Hernández.

Hernández indicó que en los días posteriores al levantamiento de abril, se ha vuelvo a insistir en que la solución a la crisis debe ser electoral, como reiteró el Grupo de Contacto Internacional.

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“Se trata de una vía acertada, pero que no puede ignorar que la permanencia de Maduro imposibilitará realizar elecciones libres y confiables”, dijo el abogado.

Por lo tanto, Hernández aseguró que la pregunta no era si las elecciones eran el mejor método para regresar la democracia en Venezuela –lo son– sino cuándo es el momento adecuado para celebrarlas.

“Esto es: ¿la transición a la democracia debe comenzar con la elección o, más bien, la salida de Maduro del poder debe ser la condición previa a la celebración de las elecciones?”, señaló.

Consideró que la Asamblea Nacional (AN) lo tenía “claro”. Comentó que en febrero de 2019, aprobó un estatuto que rige la transición a la democracia y parte de la vía no electoral: el primer paso de la transición, se advierte, debe ser un cambio político que, en una segunda fase, permita celebrar elecciones genuinas.

En ese sentido, insistió que la solución que aportaba el estatuto de la AN era pragmática: el cese de la usurpación debe suceder antes que las elecciones. “Una vez que salga del poder Maduro, se debe conformar un gobierno de unidad y asegurar así comicios presidenciales libres y justos. Esto supone reconocer la legitimidad de un cambio político no electoral que permita atender de manera inmediata y efectiva la emergencia humanitaria que vive el país y recuperar la institucionalidad y la autonomía de los distintos órganos gubernamentales, incluido el Consejo Nacional Electoral”, escribió.

“Este razonamiento es acertado porque con Maduro en el poder no será posible garantizar elecciones libres en Venezuela si antes no se rescatan las condiciones mínimas de integridad electoral que fueron destruidas luego de la creación de la Asamblea Nacional Constituyente en 2017”, manifestó Hernández.

Reiteró que la “Administración” de Nicolás Maduro tenía el control absoluto de las instituciones del gobierno y desmanteló las competencias de la AN elegida democráticamente; asimismo, promovió la fraudulenta elección de la ANC e intervino en los comicios regionales de 2017.

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“El acto final fue la elección presidencial del 20 de mayo de 2018 en la que Nicolás Maduro se reeligió sin cumplir las garantías mínimas de integridad electoral”, expresó el abogado de la UCV.

Hernández insistió que la realidad venezolana es un Estado fallido que no es capaz de garantizar el suministro eléctrico ni el control del territorio. “Ese Estado debe sanarse antes de convocar elecciones y esto precisa gestionar al mismo tiempo otras dos dimensiones de la transición: la transición de un Estado frágil a un Estado funcional y, al mismo tiempo, la transición de un Estado mafioso a un Estado institucional”, añadió.

“El cambio no electoral que funcionaría en Venezuela requiere, entre otras condiciones, romper la lealtad del ejército al régimen de Nicolás Maduro”, admitió Hernández en su artículo.

Indicó que en el estatuto previamente mencionado, se diseñó una estrategia para lograrlo por una vía que también puede y debe ser pacífica: incentivos negativos (como sanciones y otras medidas de coerción en el ámbito internacional) y positivos (la amnistía, la justicia transicional y la garantía de participación de las fuerzas armadas en el proceso de transición democrática).

Y si alguien tuviese dudas, basta ver la arremetida del régimen de Maduro en estos días: ha terminado con la clausura de facto de la sede de la Asamblea Nacional por efectivos militares y abrió procesos contra diputados de la oposición. La propuesta de celebrar elecciones libres en estas condiciones no es una alternativa.

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