Las tres razones por las que Acción Democrática salvó su voto para modificar Estatuto de Transición

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La fracción parlamentaria Acción Democrática decidió este sábado 26 de diciembre salvar su voto en la modificación de la Ley del Estatuto que rige la Transición a la Democracia para restablecer la vigencia de la Constitución.

Los diputados de Acción Democrática ratificaron su rechazo absoluto a la «farsa perpetrada el 6 de diciembre por el régimen, toda vez que ese evento no cumplió con ninguno de los requisitos ni garantías consagrados en nuestra legislación electoral».

Por no haber existido elecciones parlamentarias, y por tanto, al no existir diputados legítimamente electos para ser juramentos el 5 de enero de 2021, destacan que «el Parlamento tiene la obligación jurídica de seguir cumpliendo sus atribuciones constitucionales».

Sin embargo, Acción Democrática explicó sus tres razones por las que salvó su voto:

1- La responsabilidad legislativa y contralora del Parlamento debe mantenerse en el cuerpo en pleno de la AN, como establecen los artículos 219, 220 y 221 de la Constitución y el Reglamento Interior y de Debates de la Asamblea Nacional, y no simplemente en la Comisión Delegada que tiene unas funciones específicas.

«Creemos que la mejor fórmula para garantizar el ejercicio de la continuidad constitucional de la Asamblea es con la aplicación plena de sus órganos y funciones», dice el comunicado firmado por Piero Maroun, jefe de fracción de Acción Democrática.

2- Creen innecesaria la creación de un Consejo Político (propuesto por Primero Justicia) para ejercer funciones que perfectamente podría realizar la Asamblea Nacional o el Presidente Encargado de la República.

«Las atribuciones que se determinan para ese nuevo órgano son de corte parlamentario, es decir, legislativo y de control, que corresponden a la AN, y reglamentario que son competencia del Presidente Encargado de la República», señalan.

3- La fracción de AD cree que es suficiente mantener la vigencia del Estatuto, que con las herramientas jurídicas y políticas que dicha legislación concede a la AN se garantiza la continuidad de las funciones constitucionales de los diputados y el Parlamento.

«El Estatuto vigente satisface las expectativas funcionales de la AN, sus facultades y permanencia por no haberse elegido constitucionalmente a quienes habrían de sustituirla», resaltan.

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