Asamblea Nacional juramentó comité encargado de organizar consulta popular

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Este martes 13 de octubre los diputados de la Asamblea Nacional (AN) aprobaron y juramentaron al comité organizador de la consulta popular planificada por el gobierno legítimo, aprobada en un proyecto de acuerdo el pasado 01 de octubre.

En una sesión semipresencial, que presentó problemas de conexión con la transmisión virtual, el presidente interino Juan Guaidó aseguró que los escogidos son ciudadanos emblemáticos en la historia política de Venezuela y «representan la sobrevivencia de una nación que se niega a doblegarse, que quiere expresar y manifestar su voluntad y sabe que puede ejercer su mayoría».

Los encargados de organizar el proceso de consulta popular son Enrique Colmenares Finol, Blanca Rosa Mármol de León, Carolina Jaimes Branger, Horacio Medina, Rafael Punceres, Estefanía Cervó e Isabel Pereira Pizani.

«Hoy en día, muchos venezolanos están acompañando su decisión de hacer respetar la soberanía, de su valentía democrática que expresa la voluntad de un pueblo que no se rinde, que resiste, e insiste valer sus derechos y quiere recuperar su dignidad y democracia en el legítimo Parlamento que nos acompaña en todo momento en esta decisión», declaró Juan Guaidó.

Asamblea Nacional: «Ley Antibloqueo no existe»

En la sesión ordinaria de hoy la Asamblea Nacional además acordó que la ilegítima Asamblea Nacional Constituyente es ilegal e inexistente, razón por la cual el Parlamento desconoce la Ley Antibloqueo recientemente aprobada por el organismo del régimen.

Asimismo, aprobó investigar a los funcionarios de la administración de Nicolás Maduro a «fin de establecer las eventuales responsabilidades civil, penal y administrativa a las que pueda haber lugar por las inconstitucionales promulgación y aplicación de la supuesta ley antibloqueo».

Igualmente advirtieron que toda persona, natural o jurídica, que realice acuerdos o negociaciones bajo el amparo de este instrumento legal, podría estar incurso en delitos de “lesa patria”, asociación para delinquir, aprovechamiento de bienes provenientes del delito, peculado de uso y doloso, aprovechamiento indebido de bienes públicos y otros delitos previstos en el ordenamiento jurídico vigente.

«Ese marco normativo autocrático le da mando a Maduro para desaplicar leyes, usurpando funciones del TSJ; facultades para desconocer normas constitucionales; firmar contratos con empresas extranjeras para le explotación y explotación de nuestro petróleo y manejar las cuentas del Tesoro Nacional e los ingresos adicionales de manera discrecional y pretende liquidar la garantía constitucional prevista en el artículo 314», expresó el diputado a la Asamblea Nacional, Alfonso Marquina.

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