Asamblea Nacional denunciará ante la ONU maltratos del régimen a jubilados venezolanos

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Los diputados a la Asamblea Nacional (AN) aprobaron este martes 10 de noviembre un proyecto de acuerdo en rechazo a las acciones del régimen de Nicolás Maduro en contra de los jubilados y pensionados venezolanos y consignarán un informe ante la Comisión de Derechos Humanos de Naciones Unidas para dar cuenta de la situación tanto en el país como de los que viven en el exterior.

En sesión virtual, los parlamentarios también aprobaron hacer una investigación, luego de la salida de Nicolás Maduro del poder, “los hechos perpetrados por el régimen de Nicolás Maduro en contra de los jubilados y pensionados para así determinar las indemnizaciones correspondientes”.

Igualmente acordaron establecer el compromiso de la AN para reformar la legislación pertinente que “conduzca a otorgar el 100% del último salario a jubilados de la administración pública, una vez cumplidos los requisitos de antigüedad y lo establecido en su sector laboral”.

Sobre este punto, el diputado Arnoldo Benítez aseguró que los jubilados en Venezuela pierden los beneficios que obtuvieron cuando eran trabajadores activos y sus ingresos disminuyen.

También recordó que en 2016, la Asamblea Nacional aprobó la Ley de Bono de Alimentación y Medicamentos para Pensionados y Jubilados, que también contó con el apoyo del chavismo, pero hasta la fecha no se ha pagado ningún bono. Además señaló que en diciembre de 2018 se sancionó la Ley Especial del Régimen de Asignaciones Económicas por Vejez no Contributivo, con el objetivo de garantizar a los pensionados y jubilados mejorar su calidad de vida.

El diputado pidió a la Asamblea Nacional asumir el compromiso de garantizarle a estas personas que viven en Venezuela y en el exterior, la cancelación de las deudas existentes, así como una mejora sustancial de los montos de las pensiones que puedan satisfacer las necesidades mínimas necesarias.

El parlamentario Héctor Vargas enfatizó en esta idea y señaló que la Asamblea Nacional debe asumir el compromiso de procurar los recursos para garantizar la sostenibilidad del Fondo de Pensiones del sector público.

Vargas mencionó la necesidad de una asistencia técnica por parte de la Organización Internacional del Trabajo (OIT) en conjunto con actores sociales, en base a una dirección tripartita de la seguridad social.

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