Casa Blanca: Decreto sobre inmigración para dreamers no incluirá amnistía

La Casa Blanca informó que el decreto sobre migración que el presidente Donald Trump planea firmar para amparar a los dreamers, como se conoce en Estados Unidos a cerca de 650.000 jóvenes que llegaron al país siendo niños y permanecen en un limbo legal, no incluirá una amnistía.

«No incluye la amnistía», aclaró en un comunicado un portavoz de la Casa Blanca, después de que el presidente anunciara el viernes que planea firmar un decreto que ofrecerá un «camino a la ciudadanía» a los también llamados «soñadores».

En el comunicado, la Casa Blanca explicó que la orden ejecutiva de Trump establecería un sistema de inmigración basado en el mérito y reiteró que el presidente trabajaría con el Congreso en una solución legislativa que podría incluir la ciudadanía, junto con una fuerte seguridad fronteriza y reformas permanentes basadas en el mérito, pero no amnistía.

«Voy a presentar un gran decreto, como presidente tengo potestad de hacerlo, y voy a incluir el DACA (…). Habrá un camino a la ciudadanía», desveló el mandatario en una entrevista concedida a la cadena MSNBC, reseñó Voz de América.

El pasado 18 de junio, la Corte Suprema falló en contra de cancelar el Programa de Acción Diferida para los Llegados en la Infancia (DACA, por sus siglas en inglés), después de que cinco de los cuatro magistrados que lo componen argumentaran que la administración Trump no había justificado correctamente sus acciones y calificaran la medida de «arbitraria» y «caprichosa».

Apenas un día más tarde, la Casa Blanca anunció que volvería a presentar la documentación necesaria para acabar con el programa.

Durante la entrevista de este viernes, el mandatario sostuvo que, aunque incluya el programa en este inminente decreto, «habrá que sacarlo después».

«Estamos trabajando en las complejidades legales en estos momentos», apuntó Trump.

El mandatario descartó pasar por el Congreso para alcanzar un acuerdo que permita sacar una ley adelante ya que, según dijo, el fallo del Tribunal Supremo «le da al presidente tremendos poderes» sobre el futuro de «unas 700.000 personas, o así».

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