La fecha límite de Venezuela para pagar y poder recibir vacunas de Covax

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El representante de la Organización Panamericana de la Salud (OPS) en Venezuela, Paolo Balladelli, anunció que Venezuela reservó 1,4 millones y 2,4 millones de dosis de vacunas contra el COVID-19 de AstraZeneca a través del mecanismo Covax, pero tiene hasta el 09 de febrero para pagarlas y así poder recibirlas.

«Venezuela tiene acceso a vacunas en mecanismo Covax. Han sido reservadas entre 1.425.000 y 2.409.600 dosis de vacuna AstraZeneca contra COVID-19 que llegarían al final de febrero. Es imprescindible contar con el apoyo de todas las fuerzas y proceder al pago hasta el 9 de febrero», expresó el funcionario a través de su cuenta de Twitter.

El pasado 19 de enero, la OPS había anunciado que Venezuela no podría recibir vacunas a través de la Covax, una alianza mundial para el acceso equitativo de las vacunas contra COVID-19, por las deudas de 11 millones de dólares con el Fondo Rotatorio de Vacunas de la OPS.

Sin embargo, ese mismo día se indicó que las negociaciones seguían en pie para que el país pudiera recibir más vacunas, informó el director de Emergencias en Salud de la OPS, Ciro Ugarte.

En ese momento, destacó que la activación del Fondo Rotatorio en el caso venezolano requería el pago de la deuda y el acuerdo de las partes (Ministerio de Salud y asesores de Asamblea Nacional/gobierno interino de Juan Guaidó) para movilizar los recursos necesarios para la adquisición de vacunas.

Tras el anuncio de Balladelli, el comisonado para la Organización de Naciones Unidas (ONU) del gobierno legítimo, diputado Miguel Pizarro, se pronunció a través de las redes sociales y ratificó que el pago es necesario para que las vacunas de Covax lleguen al país.

«Reiteramos nuestra disposición para que Venezuela forme parte del mecanismo Covax y así poder salvar la mayor cantidad de vidas posibles”, expresó.

Para que sea posible, Pizarro propone diseñar un programa de vacunación creado por sociedades médicas, academias y multilaterales; un acuerdo que permita a Unicef y OPS llevar a cabo ese programa; una implementación guiada por principios humanitarios y un esquema de monitoreo y acceso irrestricto para ONG y personal de salud.

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