Fiscalía de Colombia llama a juicio a Alex Saab por lavado de activos

Martha Mancera, vicefiscal de Colombia, explicó este martes que, aunque el empresario colombiano Alex Saab tiene varias investigaciones en su contra, el primer llamado a juicio en su contra es por las presuntas irregularidades en una de sus empresas: Promotora Dubera SAS.

La funcionaria señaló en una rueda de prensa reseñada por El Espectador que, además del empresario, también llamaron a juicio a otras cuatro personas, por los delitos de lavado de activos, enriquecimiento ilícito, exportaciones e importaciones ficticias y estafa agravada.

Mancera dijo que los hechos por los cuales fue acusado Saab ocurrieron en 2016. Sus socios: Robinson Ruiz Guerrero, Devis José Mendoza y Julio Cesar Ruiz Maestre son los otros llamados a juicio.

Pese a que la Fiscalía presentó el escrito de acusación en diciembre pasado, por la pandemia por del COVID-19 no se ha podido avanzar en el caso. Sin embargo, Mancera aclaró que, así Saab no se encuentre en Colombia, las autoridades seguirán con las investigaciones en su contra.

Alex Saab fue incluido en la Lista Clinton junto con sus empresas, sus hijos, su socio Álvaro Pulido Vargas y su hijo y los hijos de la esposa de Nicolás Maduro, Cilia Flores. Todos supuestamente participaron de un esquema que lavó millones de dólares producto de la corrupción en el programa de subsidio alimenticio que creó el régimen de Nicolás Maduro en 2016.

El empresario barranquillero fue capturado el pasado 12 de junio de Cabo Verde y está en custodia de las autoridades de ese país pues Estados Unidos ya solicitó su extradición.

El 25 de julio de 2019, él y su socio Álvaro Pulido Vargas, fueron acusados por el Departamento de Justicia de los Estados Unidos por ocho cargos relacionados con el lavado de cerca de 350 millones de dólares. Según el escrito de acusación presentado ante una corte del Distrito Sur de la Florida, los dos empresarios habrían lavado dinero de cuentas venezolanas hacia cuentas localizadas en Estados Unidos, aprovechando el sistema de cambio regulado que existe en Venezuela.

Además, habrían sobornado a funcionarios venezolanos para “obtener ventajas injustas, incluyendo la aprobación de documentos falsos y fraudulentos relacionados a la importación de materiales y bienes de construcción”. Estas coimas también habrían servido, según el Departamento de Justicia, para acceder al sistema de cambio controlado de Venezuela y garantizar que sus pagos fueran realizados en dólares americanos, basados en la misma documentación falsa y fraudulenta que habría sido aprobada por funcionarios del régimen de Maduro.

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