«Las vacunas deben considerarse bienes de salud pública»: Academia de Ciencias Políticas y Sociales

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La Academia de Ciencias Políticas y Sociales emitió un comunicado la tarde de este miércoles en el que advierte que la pandemia ha agravado la crisis sanitaria, económica, política y social en Venezuela, perjudicando los derechos humanos.

“Los derechos humanos de la población cuyo respeto, garantía y protección son una responsabilidad constitucional y una obligación internacional del Estado, como son los derechos a la salud, a la integridad personal, a la vida, al trabajo y a un salario digno, entre otros”, se lee en el documento.

Indicó que con ocasión de la pandemia, el régimen ha decretado desde el 13 de marzo de 2020 el estado de excepción de alarma en todo el territorio nacional, el cual establece que que el Ejecutivo nacional adoptará las medidas urgentes, efectivas y necesarias, de protección y preservación de la salud de la población venezolana, a fin de mitigar y erradicar los riesgos de epidemia relacionados con el covid-19 y sus posibles cepas, garantizando la atención oportuna, eficaz y eficiente de los casos que se originen.

“A pesar de ello, a más de un año de haberse decretado el estado de alarma, en las últimas semanas se ha reconocido, incluso en fuentes oficiales, un aumento de los casos de personas contagiadas con el covid-19 y el número de muertes, especialmente desproporcionado en el caso de los trabajadores del sector salud, así como el colapso de hospitales y clínicas, y dificultades en el acceso a medicamentos y equipos médicos”, advirtió la academia.

Recalcó que el esfuerzo global ante la pandemia ha dado como resultado el desarrollo y distribución de vacunas seguras y eficaces avaladas por las autoridades sanitarias competentes.

“La adquisición y distribución de vacunas seguras y efectivas debe ser una medida urgente para superar la pandemia y salvar las vidas de sus habitantes. De allí la obligación y responsabilidad del Estado venezolano, de llevar a cabo una adquisición adecuada con una distribución justa y equitativa de las vacunas y, en particular, hacerlas accesibles y asequibles de manera universal y transparente y sin discriminación alguna”, agregó.

Y agregó: “Venezuela necesita con urgencia para una primera fase inmediata, de 30 millones de dosis de vacunas de calidad comprobada, para lograr una cobertura de 70% de mayores de 16 años, es decir, de al menos 15 millones de personas”.

“Las decisiones sobre aprobación, adquisición, distribución y acceso a las vacunas que adopte el Estado venezolano deben estar informadas y regidas por sus obligaciones internacionales en materia de derechos humanos, especialmente por los principios de igualdad y no discriminación. En consecuencia, el acceso universal y equitativo a las vacunas disponibles constituye una obligación de inmediato cumplimiento por parte del Estado venezolano; por lo que las vacunas, tecnologías y tratamientos desarrollados para enfrentar el covid-19 deben ser considerados como “bienes de salud pública”, de libre acceso para todas las personas”, indicó.

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