Lo que hay que saber sobre la controversial Ley Antibloqueo

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La Asamblea Nacional Constituyente aprobó este jueves 8 de octubre la «Ley Antibloqueo», una propuesta realizada por Nicolás Maduro, con el objetivo de evadir las sanciones impuestas por el gobierno de Estados Unidos.

Según un borrador del instrumento legal visto por Bloomberg, el texto de la ley “anti-bloqueo” describe al régimen como quien tiene el poder de modificar la propiedad, administración o administración de empresas públicas y empresas mixtas, lo que podría abrir la puerta a nuevas privatizaciones, pero también a nuevas estatizaciones.

«Esto podría abrir la puerta para que el estado entregue la administración de PDVSA e incluso la propiedad de las refinerías a Irán, por ejemplo», declaró el diputado a la Asamblea Nacional, Ángel Alvarado, miembro del comité de finanzas del Parlamento.

Según el medio, la Ley Antibloqueo abre la posibilidad de devolver las decenas de empresas expropiadas, incluso durante el gobierno de Hugo Chávez, desde fabricantes de jabón hasta productores de aceite de cocina, a sus dueños anteriores después de que la mayoría cayera en la ruina desde que el régimen se hizo cargo de ellas.

Los antiguos propietarios, algunos de los cuales desde entonces han demandado a Venezuela en tribunales internacionales para recuperar miles de millones en inversiones perdidas, tendrían que aceptar restaurar rápidamente la producción, dice el proyecto de ley.

Además, ordena crear un observatorio de sanciones para “la generación de conocimiento pertinente y relevante” que evalúe las medidas económicas impuestas contra el régimen venezolano y, a partir de ello, construya propuestas para la aplicación de la ley antibloqueo.

Todos los órganos de la Administración pública están obligados a suministrar la información que sea requerida por esta instancia, datos que serán manejados “en los términos de confidencialidad”.

“El Ejecutivo Nacional podrá modificar los mecanismos de constitución, gestión, administración y funcionamiento de empresas del Estado, públicas o mixtas, tanto en el territorio nacional como en el exterior”, reza otro de los apartados.

A continuación algunos de los apartados más destacados de esta ley:

  1. El artículo 19 reza: “Cuando resulte necesario para superar los obstáculos o compensar los daños (de las sanciones) el Ejecutivo Nacional procederá a inaplicar para casos específicos aquellas normas de rango legal o sublegal cuya aplicación resulta imposible o contraproducente”.
  2. Se establece como límite para estas “inaplicaciones” que solo sean ejercidas por el Ejecutivo y que en ningún caso atenten contra el ejercicio de los derechos humanos, “ni aquellas relativas a la división del Poder Público que no correspondan a potestades aprobatorias o autorizatorias”.
  3. El Consejo de Estado hará “supervisión y seguimiento” de la implementación de esta ley y para ello celebrará reuniones bimestrales de evaluación, con el objetivo de recomendar al Ejecutivo “las acciones tendientes a mejorar su eficiencia o facilitar su implementación”.
  4. Se crea un observatorio de sanciones para “la generación de conocimiento pertinente y relevante” que evalúe las medidas económicas impuestas contra el Gobierno venezolano y, a partir de ello, construya propuestas para la aplicación de la ley antibloqueo.
  5. Se autoriza “la celebración de todos los actos o negocios jurídicos que resulten necesarios” para la protección de los activos de la república y con el objeto de “impedir o revertir actos o amenazas” que atenten contra las riquezas nacionales.
  6. El poder para concretar negocios y las licencias relacionadas con tal fin tiene como límite que nunca se actúe en perjuicio del artículo 303 de la Constitución venezolana, que ordena al Estado conservar la totalidad de las acciones de la petrolera estatal Pdvsa.
  7. “El Ejecutivo Nacional podrá modificar los mecanismos de constitución, gestión, administración y funcionamiento de empresas del Estado, públicas o mixtas, tanto en el territorio nacional como en el exterior”, reza otro de los apartados.
  8. El Ejecutivo, que a lo largo de los años ha establecido un amplio control en las transacciones, podrá ahora levantar las restricciones a la comercialización “en actividades estratégicas de la economía nacional” cuando “resulte necesario para proteger sectores productivos fundamentales del país”.
  9. La ley incluye “garantías para la inversión”, con las que el Gobierno busca atraer capitales extranjeros bajo la promesa de “cláusulas de protección de su inversión, a los fines de generar confianza y estabilidad”. Se otorga el carácter de “reservado, confidencial o de divulgación limitada a cualquier expediente, documento, información, hecho o circunstancia” que considere el Ejecutivo y “se prohíbe el acceso a documentación que haya sido calificada como confidencial o reservada”.
  10. La confidencialidad de las acciones tomadas en el marco de esta ley se mantendrá hasta 90 días después de que haya cesado la sanción que provocó la medida en un primer momento.
  11. Solo la Contraloría General y el Poder Judicial podrán tener acceso a estas informaciones confidenciales, siempre bajo previa solicitud al Ejecutivo, que velará por mantener ocultas estas operaciones.
  12. La ley estará vigente hasta que cesen todas las sanciones económicas y financieras contra Venezuela, que según el Gobierno son más de 300, y sus apartados tendrán carácter preferente sobre el marco legal preexistente.

1 COMENTARIO

  1. En lo referente al presunto contenido de la Ley ANtibloqueo se destaca la poca comprensión de su contenido haciendolo incomprensible a los ciudadanos debid a lo complejo de las terminologías utilizadas. Siendo el propio bloqueo para el conocimiento del pueblo. Las técnicas para elaboración de Leyes te establece que sea sencillo y comprensible para el común. La PGR sabe muy bien lo que es Técnicas Legislativas. Sr Reinaldo Muñoz continua así…….

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