Parlamento aprobó acuerdo para rechazar ratificación del procurador designado por Maduro

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Este martes 28 de abril el Parlamento de Venezuela aprobó en sesión ordinaria un acuerdo en rechazo a la ratificación del procurador general de la República, Reinaldo Muñoz Pedroza, realizada por el Tribunal Supremo de Justicia (TSJ) del régimen mediante la sentencia 59 del pasado 22 de abril de 2020.

«El artículo 187, numeral 14, junto al 249 de la Constitución Nacional, establecen que el nombramiento del procurador de la Nación se hace a través de un decreto presidencial con aprobación de la Asamblea Nacional», declaró el diputado por el estado Zulia, Omar Barboza.

En este sentido Barboza aseguró que ese requisito constitucional nunca se ha cumplido. «La AN lo ha rechazado en dos acuerdos anteriores, uno en abril de 2018 y otro en diciembre del 2019, donde se dejó constancia de que en ningún caso ese señor Reinaldo Muñoz Pedroza había sido designado», agregó.

Además el parlamentario destacó que ahora la Sala Constitucional del TSJ ilegítimo, a través de la sentencia 59 del 22 de abril del 2020, pretende darle legalidad a esa designación.

«Rechazamos estas acciones y solo reconocemos al procurador nombrado por esta Asamblea, de acuerdo con lo establecido en el estatuto que rige la transición», manifestó el diputado.

Barboza también recordó que el TSJ fue nombrado de manera «exprés» el 23 de diciembre de 2015, para darle legalidad a la usurpación de la Presidencia, y que ahora lo usan para legitimar al procurador.

Reiteró que el Parlamento ha declarado en muchas oportunidades que las decisiones que surgen de la Sala Constitucional y del TSJ no tienen validez como sentencias para el Parlamento porque violan la Constitución y las leyes.

Asamblea Nacional rechazó culminación de año escolar a distancia

Por otro lado, el Parlamento aprobó un acuerdo de defensa del derecho a la educación, rechazando la culminación del período académico 2019-2020 a distancia, como anunció el régimen de Nicolás Maduro por la pandemia del COVID-19.

El Poder Legislativo resaltó que este anuncio se realizó sin considerar modificaciones en el calendario escolar, sin consultar a docentes y sus gremios, a los padres y representantes, estudiantes y sus organizaciones civiles, para garantizar el derecho a la educación.

El acuerdo fue presentado al resto del Parlamento por la diputada Bolivia Suárez, presidente de la subcomisión de Educación, quien además mencionó que el deterioro acelerado de la calidad de la educación, especialmente en los planteles oficiales.

Asimismo el Parlamento realizó un reconocimiento a los profesionales de la docencia, en «cuyos hombros ha recaído en mayor medida la garantía del derecho a la educación».

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