Opinión | El mundo debe actuar para detener la destrucción ambiental de Venezuela

Minería de oro en el borde del Parque Nacional Canaima en Venezuela. (Michael Robinson Chavez / The Washington Post)

Por: Francisco Dallmeier and Cristina V. Burelli

La ruina política y económica de Venezuela, una vez uno de los países más ricos de América Latina, es ahora una historia bien conocida. Mucho menos comprendidos son los impactos catastróficos de la crisis en el medio ambiente del país. Se necesita una acción internacional urgente, primero para estabilizar la caída y luego para reconstruir las instituciones ambientales funcionales. La quinta sesión de la Asamblea de las Naciones Unidas para el Medio Ambiente (UNEA-5) en Nairobi podría proporcionar un camino para revertir la insostenible trayectoria ambiental de Venezuela.

El desmantelamiento de las instituciones ambientales de Venezuela y el colapso de su sector petrolero han generado una reacción en cadena de extracción insostenible de recursos naturales. El acaparamiento ilegal de tierras, la deforestación y una fiebre del oro fuera de control en las áreas protegidas de la selva tropical han creado una tormenta perfecta que combina la degradación ambiental con una crisis humanitaria. Las cargas masivas de sedimentos de la minería están diezmando los embalses y la capacidad de generación de energía hidroeléctrica, mientras que el mercurio utilizado para la extracción de oro contamina los ríos y enferma a las personas.

A lo largo del siglo XX, Venezuela, considerada entre los países con mayor biodiversidad del mundo, fue pionera en políticas sostenibles. Pero a partir de 1999, el gobierno de Hugo Chávez comenzó a desmantelar sistemáticamente las protecciones ambientales del país, a pesar de su retórica progresista y pro-indígena. El «eco-socialismo» reemplazó a las instituciones en funcionamiento, provocando una avalancha de desastres ecológicos que se burlaron de los compromisos de Venezuela en virtud del acuerdo de París.

La devastación se ha acelerado bajo Nicolás Maduro, el sucesor de Chávez. Desde que asumió la presidencia, Maduro ha supervisado el desmoronamiento total de Petróleos de Venezuela (PDVSA), la compañía petrolera estatal de Venezuela. Los ingresos legales de PDVSA por las exportaciones de petróleo se desplomaron de US$73 mil millones en 2011, a US$22 mil millones en 2016, y US$743 millones en 2020.

La deteriorada industria petrolera de Venezuela ya no reporta emisiones, pero diariamente se agregan enormes cantidades de metano y dióxido de carbono a la carga climática global. La falta de mantenimiento de la infraestructura provoca derrames masivos de crudo y contaminantes sin planes de remediación. Los entornos costeros, marinos y terrestres críticos se ven gravemente afectados. Las regiones productoras de petróleo más importantes, especialmente el lago de Maracaibo, el norteño estado de Monagas y la faja petrolera del Orinoco, están degenerando en un mosaico de tierras baldías contaminadas.

En 2016, Maduro y sus compinches recurrieron al saqueo de los vastos recursos minerales del país como un salvavidas para enriquecer a la élite del gobierno. Para compensar las pérdidas en los ingresos petroleros, Maduro decretó el 12 por ciento de la Amazonía venezolana, un área más grande que Portugal, como una “región de desarrollo minero” conocida como Arco Minero. Este ecosistema de selva tropical único, rico en biodiversidad, también contiene vastas reservas de coltán, hierro, bauxita, diamantes y, lo más importante, oro.

Según Mongabay y Global Forest Watch, la minería ilegal, la tala y la recolección de leña para cocinar representaron más de 3.2 millones de acres de selva tropical perdidos entre 2001 y 2018, una de las tasas de deforestación más altas en América tropical. El informe de 2018 de RAISG y el mapa de la huella minera de SOSOrinoco colocan a Venezuela en la parte superior de la lista de países amazónicos con el mayor número de minas ilegales. Se han detectado cientos de sectores mineros, incluidos 59 conglomerados de minería ilegal de oro en el Parque Nacional Canaima, un sitio del Patrimonio Mundial de la UNESCO, y otras áreas protegidas, que albergan a 27 comunidades indígenas.

La violencia y las enfermedades plagan las zonas mineras. Aproximadamente el 50% de los casos de malaria notificados en América Latina se encuentran en Venezuela. De 398.000 casos nuevos notificados en 2019, el 70% se registró en el sur de Venezuela. Los sitios mineros son explotados por grupos estatales y no estatales, incluido el Ejército de Liberación Nacional de Colombia (ELN) y las Fuerzas Armadas Revolucionarias de Colombia (FARC), promoviendo la violencia, el trabajo esclavo e infantil, la prostitución y la desintegración de las estructuras sociales indígenas.

Las sanciones de Estados Unidos no han sido efectivas para lograr una transición democrática pacífica en Venezuela, ni han disuadido el comercio ilícito de «oro de sangre» y otros minerales. El esfuerzo ahora debe internacionalizarse. Los compradores de oro venezolanos, especialmente Turquía y los Emiratos Árabes Unidos, deben ser presionados para que sigan las pautas de la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económicos para cadenas de suministro responsables de minerales de áreas afectadas por conflictos y de alto riesgo.

Los grupos ambientalistas y de derechos humanos venezolanos han alzado sus voces, pero nadie parece estar prestando atención. Organizaciones ambientales internacionales, amenazadas e incapaces de operar, huyeron de Venezuela. Se espera un liderazgo más fuerte de la UNESCO dada la evidencia de que el Parque Nacional Canaima está sitiado por la minería ilegal.

Mientras el mundo se reúne para la reunión UNEA-5 en Nairobi, hay una plataforma para enfrentar al régimen de Maduro y detener el ecocidio que ocurre en Venezuela. Si la comunidad internacional, y especialmente el nuevo liderazgo de Estados Unidos, se toma en serio el medio ambiente y la sostenibilidad de la Amazonía, los abusos y la destrucción en Venezuela deberían ser una parte clave de la agenda y la estrategia.

*Sobre los autores:

Francisco Dallmeier es el director del Centro de Conservación y Sostenibilidad del Instituto Smithsonian de Biología de la Conservación. Cristina V. Burelli es directora ejecutiva de V5 Initiative y SOSOrinoco.org.

**Texto traducido del artículo de Opinión publicado originalmente en The WashingtonPost

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