Andrés Felipe Arias es por estos días uno de los nombres más pronunciados en Colombia y no es para menos: hace poco más de una semana se cumplió su regreso al país, extraditado de los Estados Unidos en donde permanecía desde 2014 cuando se fugó mientras era investigado por un escándalo de corrupción por el que deberá enfrentar una pena de 17 años y cinco meses de prisión.

El de Arias, exministro de Agricultura durante el gobierno de Álvaro Uribe Vélez, es el primer caso de un alto funcionario del Estado que es extraditado desde los Estados Unidos, un país que tiene con Colombia una tradición de vieja data en extradiciones pero en sentido contrario: nacionales colombianos que son llevados a Norteamérica para responder usualmente por hechos relacionados con narcotráfico.

Para entender el caso Arias, y la tormenta política que se ha desatado a causa de su regreso, hay que remontarse a octubre de 2009, cuando la extinta Revista Cambio publicó el primer reportaje sobre las irregularidades en Agro Ingreso Seguro, un programa de subsidios agrarios diseñado por Arias cuando era jefe del Ministerio de Agricultura y que además era una de las principales banderas del gobierno Uribe.

Agro Ingreso Seguro (AIS) fue un programa creado en 2006 y su objetivo era otorgar subsidios a pequeños y medianos productores agropecuarios que ayudaran a tecnificar e impulsar el sector del agro colombiano. En Colombia, la tierra es uno de los principales problemas sociales, siendo una de las principales causas de su longevo conflicto armado, que ha producido desplazamientos masivos en la población campesina.

Con este programa, el gobierno Uribe buscaba responder a los nuevos retos impuestos por la internacionalización del sector y la apertura de nuevos mercados gracias a los TLC. Durante los tres años que funcionó AIS se repartieron cerca de 1,4 billones de pesos (USD 436.695.000) en subsidios.
Pero las revelaciones de la Revista Cambio, y posteriormente de las autoridades que investigaron el tema, demostraron que la mayoría de ese dinero público fue a parar a las manos de las familias más ricas del país, donde se contaban reinas de belleza, narcotraficantes, parapolíticos y personajes de la farándula, muchos de ellos aportantes de la campaña a la presidencia de Álvaro Uribe Vélez.

Cuadro de los movimientos de dinero del programa AIS (fuente: Fundación PARES)

Las irregularidades se presentaron principalmente con los subsidios de riego y drenaje, que fueron definidos por el senador Jorge Enrique Robledo, uno de los principales denunciantes del escándalo en el Congreso, como “en verdad donaciones del ciento por ciento de lo recibido”.

De estos subsidios de riego y drenaje fueron beneficiados 51 empresas o personas naturales. De ellas, 45 dieron $546.600.000 (USD 171.629) para la campaña presidencial de 2002 de Álvaro Uribe Vélez y otras 10 donaron $128.000.000 (USD 40.191)para la campaña del referendo reeleccionista. Y obtuvieron más de $44.600 millones (USD 14.004.177) entre subsidios y créditos blandos gracias a Agro Ingreso Seguro.

Sólo en subsidios de riego y drenaje fueron repartidos entre las familias más ricas del país cerca de 13 mil millones de pesos (USD 4.081.935), distribuidos como se puede observar en este cuadro realizado por la Fundación Paz y Reconciliación (PARES).

El modus operandi consistía en que varios miembros de una misma familia solicitaban a título individual subsidios para un mismo terreno, logrando ser beneficiados más de una vez y así concentrar los recursos en pocas manos.

Cuando se destapó el escandalo en 2009, Arias ya estaba fuera del Ministerio de Agricultura y era la carta fuerte del uribismo para las presidenciales del año siguiente. Si bien Juan Manuel Santos, que fue ministro de Defensa de Uribe, ganó esas elecciones cobijado bajo el respaldo del entonces presidente, era Arias su verdadero escudero y hombre de confianza, hasta el punto de que a su proyecto se le denominaba como la “segunda generación de la seguridad democrática”.

A diferencia de Santos, que fue candidato por en entonces recién creado Partido de La U, Arias se candidateó por el Partido Conservador, uno de los partidos más tradiciones del país y debía competir con otros precandidatos para ganarse su nominación. Pero el escándalo de los subsidios lo salpicó y la Procuraduría empezó a investigarlo, perdiendo las primarias de su partido y quedando al borde de una sanción.

En Octubre de 2010, ya con Santos en el poder, el Procurador General, Alejandro Ordóñez, también conservador y uribista, le formuló pliego de cargos en su contra por no adoptar las medidas suficientes para impedir que los subsidios de AIS se quedaran en manos de las familias ricas y no llegaran a los campesinos como era el objetivo.

En julio de 2011 Ordóñez lo destituyó e inhabilitó por 16 años, sanción que aún tiene vigente impidiéndole aspirar a cualquier cargo público. El entonces procurador -encargado de sancionar disciplinariamente a los funcionarios públicos en Colombia- lo encontró culpable de tres cargos por falta gravísima y uno por falta grave a título de dolo.

Pocos días después, el 21 de julio de 2011, la Fiscalía General de la Nación, que dirigía Viviane Morales, imputó cargos ante el Tribunal Superior de Bogotá por los delitos de contrato sin cumplimiento de requisitos legales y peculado por apropiación a favor de terceros. Además, solicitó medida de aseguramiento contra Arias, que el tribunal concedió pese a que el exministro se declaró inocente, lo cual ha mantenido hasta el día de hoy.
Morales afirmó entre lo argumentos de su imputación que Arias quería tener el control de AIS para convertirla en la “plataforma política para su campaña presidencial”.

Esto significa que Arias fue hallado directamente responsable del desvío de dineros públicos destinados a pequeños campesinos pobres para favorecer a grandes ricos y terratenientes del país, actuando como una suerte de Robin Hood al revés.

En 2013, tras dos años detenido, y gracias a una apelación de su defensa, Arias fue dejado en libertad. Sin embargo, poco menos de un años después, en 2014, la Corte Suprema de Justicia, máxima instancia judicial en Colombia encargada de juzgar a los altos funcionarios del Estado, lo encontró culpable de los delitos imputados y lo condenó a 17 años y cinco meses de prisión y una multa de 50 mil salarios mínimos (41.405 millones de pesos o USD 12.9 millones).

Aquí comenzaría la vida del ex ministro como prófugo de la justicia, ya que tras no presentarse a la audiencia donde se le leería el fallo condenatorio, viajó con su familia a los Estados Unidos en busca de un asilo político.
Arias y en general el uribismo, sostienen que el exministro es víctima de una persecución judicial por parte de los magistrados de la Corte Suprema de Justicia, que durante el gobierno de Álvaro Uribe protagonizaron diferentes enfrentamientos públicos con el expresidente, sobre todo después de que se conociera que desde el DAS, extinto órgano de inteligencia del Estado adscrito a la Presidencia, estaba haciendo seguimientos irregulares a los magistrados de la Corte como a políticos y periodistas considerados opositores del gobierno.

Tras la condena de Arias y su posterior fuga, la Corte Suprema de Justicia lo pidió en extradición a los Estados Unidos, pero pasarían cinco años para que el país del norte hiciera efectiva la petición. Al principio al exministro se le concedió la condición de asilado político, pero en 2016 se le retiró su asilo y fue trasladado a una prisión federal. Pese a que su defensa pidió en varias oportunidades la libertad condicional, tres juzgados distintos se la negaron, el último de ellos declarándolo con riesgo de fuga.

El caso de Arias ha sido llevado a instancias internacionales, en específico a la Corte Interamericana de Derechos Humanos, donde se ha pedido que su condena sea revisada por haber sido decretada en una única instancia, violando el principio universal del derecho a la segunda instancia. Este tribunal internacional emitió en noviembre de 2018 un concepto favorable para Arias, pero al no tener un peso vinculante, la Corte Suprema de Justicia negó la solicitud de revisión del caso presentando por el exministro a principios de año y ratificó su pedido de extradición.

Bajo este contexto Andrés Felipe Arias regresó finalmente a Colombia, dividiendo la opinión pública. Para medio país afín al gobierno y al uribismo, el exministro es un “mártir” de una justicia corrupta que lo usó de chivo expiatorio para tomar represalia contra el expresidente Uribe, al que por cierto también investigan por distintos casos asociados al surgimiento del paramilitarismo y a la manipulación de testigos.
Para la otra mitad Arias es un corrupto más, que desvió dineros públicos para favorecer a los ricos colombianos que financiaron la campaña de Uribe y que financiarían su fallida campaña presidencial.

Lo cierto es que hoy Arias se encuentra recluido en la Escuela de Caballerías del Ejército en Bogotá, un club privado para altos mandos militares que en sus instalaciones cuenta con piscinas, canchas de tenis y zonas de descanso. Eso pese a que un tribunal ordenó su traslado a la cárcel de máxima seguridad La Picota. No se conoce aún ninguna fotografía de su llegada a Colombia, ni tampoco de su permanencia en el centro de reclusión ya que el gobierno le prohibió a la prensa hacer presencia en el sitio o a las autoridades que lo custodian hacer pública alguna imagen.

Los funcionarios que lo investigaron y sancionaron, Alejandro Ordóñez entonces Procurador, y Viviane Morales, entonces Fiscal, hoy son embajadores del gobierno de Iván Duque; uno en la OEA y la otra en Francia, situación que dificulta al gobierno actual defender el argumento de persecución política que aún sostiene el exministro para apelar por su inocencia.

Pero el caso Andrés Felipe Arias está lejos de cerrarse. Este sábado 20 de julio con el inicio de un nuevo período de sesiones en el Congreso de la República comenzará una nueva batalla para buscar su liberación ya que los senadores del Centro Democrático, partido de gobierno que representa al uribismo, preparan un proyecto de reforma constitucional para permitir en el país la doble instancia retroactiva y así reabrir el caso Arias en la Corte Suprema de Justicia.

Hasta julio de 2018, los altos funcionarios del Estado o aforados eran juzgados en Colombia por la Corte Suprema de Justicia en una única instancia. Se presumía como una garantía procesal que sus jueces naturales fueran los magistrados que integran el más alto tribunal de justicia del país. Sin embargo, desde la entrada en vigencia del Acto Legislativo 01 de 2018 se abrió dentro de la Corte la Sala de Primera Instancia, permitiendo apelar sus decisiones ante la Sala Plena en segunda instancia.

Como toda reforma legal, este cambio rige a partir de su promulgación por lo que en principio no cobija a Arias quien fue condenado en única instancia en 2014, de acuerdo a las normas vigentes de la época. Es por esto que el Centro Democrático promueve la doble instancia retroactiva, es decir, que lo aprobado en 2018 rija para todos los casos previos.

Esta iniciativa, que ya ha sido bautizada como “ley Arias” representaría un gran problema judicial de ser aprobada, ya que no solo reabriría el caso del exministro, sino muchos otros, entre ellos los más de 70 condenados por parapolítica.

Pese a estas dificultades el gobierno, a través de la ministra del Interior, Nancy Patricia Gutiérrez, se ha manifestado a favor del proyecto afirmando que “la doble instancia retroactiva es una garantía del debido proceso. Todas las personas, en cualquier época, tienen derecho a ella.

Pero, aunque la reforma sea aprobada, el exministro aún debería enfrentar un nuevo juicio ante la Corte Suprema para demostrar su inocencia.

Además, si deseara volver a aspirar a un cargo público, como por ejemplo en las presidenciales de 2022, se debe primero anular la la inhabilidad que pesa sobre él, la cual fue ratificada el viernes por el Consejo De Estado.
Mientras todo esto se da, empresa nada fácil, Andrés Felipe Arias deberá permanecer preso y solo el tiempo dirá en qué terminará su polémico caso.

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